En el día de hoy la Corte Suprema
de Justicia puso fin a un proceso extenso de 4 años en el cual el Grupo Clarín
obturó por todos los medios (judiciales pero también políticos, sociales y simbólicos)
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). A partir de hoy mismo
el AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) no tendrá
más pretextos para hacer cumplir la plena vigencia de dicha norma que tiene
como espíritu la democratización de los medios audiovisuales en la Argentina.
Hasta aquí la noticia. Ahora
(como antes), hay varias cuestiones que merecen no olvidarse:
- Una real democratización de la comunicación supone pensar mucho más allá de la vigencia de una ley. Requiere por ejemplo de que cada vez sean más los que reclamen al poder político y al poder económico que esto suceda. Esto es, que así como la ley 26.522 fue el producto de un extenso proceso de discusión de las organizaciones populares, las medios alternativos, etc., ahora (más que nunca) se siga exigiendo que todas las voces sean oídas.
- Esto además de depender de una voluntad política concreta de quienes conducen el poder ejecutivo, reclama a gritos que el conjunto de la ciudadanía sea quien lo exige día a día.
- El AFSCA en representación del Estado hasta ahora poco a hecho para que el resto de la ley se cumpla en su totalidad. Ejemplo de eso ha sido el escaso otorgamiento de licencias a radios y medios comunitarios en general.
Ahora bien, este escenario no
puede desconocer que este fallo sale a la luz en uno de los momentos más
“críticos” en términos de legitimidad del gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner. No es el propósito aquí describir los porqué de esta situación ni
menos aún establecer cuanto de estas condiciones son reales y cuanto
discursivas, si es que se puede admitir una diferenciación entre ambas.
Por el contrario, lo que aquí me
interesa es poder pensar cuáles son las condiciones que llevan a naturalizar
aquel discurso que dice que la mal llamada ley de medios responde a un capricho
del kirchnerismo en contra de un grupo económico en particular, y que dicha
condición implica necesariamente descreer no sólo el propósito que la misma norma
establece en su artículo nro. 1[1],
sino también el proceso de debate previo que incluyó diversos actores sociales.
Seguramente, que dicho propósito
exceda por mucho las posibilidades que aquí se presentan, pero al menos
quisiera poder aportar algunas preguntas que contribuyan a poder releer el
escenario actual. ¿Cómo llega un particular (una empresa) a postularse por
encima de la sociedad toda? ¿Cómo consigue hacerlo desde el cinismo de suponer
que su sustentabilidad va de la mano de la libertad de expresión de la sociedad
toda? Y por último, ¿Cómo es que estas cuestiones se encarnan en las personas y
se vuelven banderas o argumentos para despotricar contra el gobierno de turno?
Dichos interrogantes están
pensados con un alto grado de ingenuidad. En primer lugar, porque ese
particular es el multimedios más grande del país y como tal el principal
formador de opinión de la sociedad argentina. Pero además, un conjunto grande
de aquellos que se sienten identificados con el discurso del “gran diario
argentino” son parte de una clase que post 2001 descreyó profundamente de los
sectores de gobierno. Algo que si bien pasó con distinta tenacidad según el
momento de nuestra historia, aquel final de la etapa más regresiva del
neoliberalismo dejó sin dudas un marca imborrable, aún asumiendo que obviamente
aquel momento afectó a la sociedad en su conjunto y no solamente a los sectores
que aquí describimos. Sin embargo, sería necio plantear la discusión en estos
términos solamente porque reduciría la cuestión a pensar en el solo hecho de
cómo cada uno “lee” al kirchenirsmo, que podemos coincidir o no en sus
políticas pero que nadie podrá negar que se presentó como el principal
protagonista a la salida de aquella crisis.
Por lo recién expuesto, podemos
deducir que algo que debemos incluir como un eje transversal es que todo aquello
que se diga de la LSCA (pero de cualquier política de estado del kirchnerismo)
estará atravesado por este escenario polarizado que según quien lo presente
ubicará a los buenos de un lado y a los malos del otro.
En segundo término, para pensar
el siguiente interrogante también incorporando el eje que acabamos de plantear,
diremos que dicho escenario implica la negación de cualquier tipo de interés en
saber o conocer cuáles son las causas efectivas de esta norma. Y esto vale
pensarlo no solo desde como el Grupo Clarín durante 4 años presentó sus
intereses como el interés de todos (libertad de expresión) sino que exige
necesariamente repensar cuánto hizo falta (audiencia pública mediante) para que
se desenmascare que ese interés individual (por más dominante que sea) no podía
estar en nombre de todos. En ese sentido, lo que hoy determinó la Corte Suprema
de Justicia habrá marcado un antes y un después en términos jurídicos pero para
que desde ese plano se convierte en una real democratización de la
comunicación, supondrá de una apropiación efectiva de cada vez más ciudadanos,
interesados en ser beneficiarios de ese derecho. Por eso, dicho desafío requiere
exceder la mirada y ampliar el foco que hoy está puesto en lo jurídico. No solo
para que cada vez más sean quienes asuman ese rol que nos involucra con un
Estado (no con un gobierno) del que somos parte todos. Por supuesto, que también
podemos poner en cuestión si ese Estado nos representa o no. O si así como está
nos parece que reproduce las condiciones sociales actuales o no. Pero
justamente, si de eso se trata, para poner en cuestión al Estado (y a las
corporaciones también) hay que tomar un rol protagónico con la historia, con
los hechos y las conquistas sociales que involucran al conjunto de la
ciudadanía. En ese camino, la LSCA en particular pero la democratización real
de los medios en la Argentina es una causa que hay que defender en las calles,
en las radios, en los medios, y en lo cotidiano de nuestros días.
[1] “La regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el
ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos
destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con
fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación” artículo 1 – Ley
26.522
